La Comisión Europea reclama sanciones millonarias para España por no liberalizar la actividad portuaria de estiba de mercancías pese a la existencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que considera el modelo español contrario al derecho comunitario.

La Comisión ha interpuesto un nuevo recurso contra el Reino de España por la falta de acciones para dar cumplimiento al fallo vinculante del tribunal europeo que consideró en diciembre de 2014 que el sistema nacional vulnera el principio de libertad de establecimiento. Además, reclama por primera vez la interposición de multas que, de ser aceptadas, superarían los 17 millones de euros calculados a día de hoy.

El Diario Oficial de la Unión Europea recoge esta semana el arranque del recurso, interpuesto el 13 de julio de 2016, en el que la Comisión Europea plantea que se declare que España ha incumplido la sentencia que sobre este asunto existe desde el 11 de diciembre de 2014 al no haber adoptado las medidas necesarias para la ejecución del fallo.

La situación de Gobierno en funciones, sin capacidad legislativa desde finales del año pasado, impide por el momento afrontar los cambios legales necesarios para dar por satisfechas las exigencias de la Comisión.

Como consecuencia de este incumplimiento, Bruselas demanda dos tipos de sanciones. Por un lado, una multa coercitiva de 134.107,2 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia que comenzarían a contar a partir de la resolución de este nuevo recurso por el tribunal comunitario.

Pero, además, las pretensiones de la Comisión también demandan que se imponga una sanción de 27.522 euros por cada día que se mantenga esta situación a contar desde la emisión de la primera sentencia -la del 11 de diciembre de 2014- hasta que España adopte los cambios normativos que se le exigen o hasta que se dicte la sentencia sobre el nuevo recurso, si para entonces la sentencia original no ha sido ejecutada. A partir de ese momento comenzaría a contar el plazo de la sanción coercitiva.

Esta segunda petición, de ser aceptada por el TJUE en su integridad, supondría a 3 de septiembre una sanción de 17,3 millones de euros dado que desde la sentencia de 2014 hasta hoy han transcurrido 632 días.

El tribunal europeo declaró hace 21 meses que el modelo nacional de la estiba incumple el principio europeo de libertad de establecimiento al imponer a las empresas que deseen prestarlo la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y, en su caso, participar en el capital de ésta. Y también la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores de la propia Sagep.

Este diario solicitó una valoración a Puertos del Estado, el organismo dependiente del Ministerio de Fomento encargado de la gestión del sector, sin obtenerla al cierre de la edición. El sindicato Coordinadora y la patronal sectorial Anave alcanzaron hace algo más de un año un principio de acuerdo para negociar un nuevo modelo con el Gobierno. Sin embargo, la situación de interinidad pospuso sin fecha las conversaciones. Fuentes del sector dijeron esperar que la situación de interinidad, precisamente, ayude a reducir las sanciones en caso de ser impuestas.