Gibraltar asiste este lunes en la Biblioteca Garrison a la primera sesión pública de investigación del caso McGrail, que indaga las supuestas presiones sufridas por el ex jefe de la Policía gibraltareña para que abandonara una investigación relacionada con un contrato de seguridad del Gobierno. 

El abogado de Ian McGrail, Charles Gómez, acusa al ministro principal, Fabián Picardo, de reprender al comisario de policía cuando éste intentó llevar a cabo una orden de registro, denominada Operación Delhi, en las oficinas del bufete de abogados Hassans, así como en la casa de James Levy, un amigo cercano al jefe del gobierno.

El caso comienza después de que el Parlamento de Gibraltar aprobara el proyecto de Ley de Investigaciones, que establece una serie de restricciones sobre las pesquisas policiales y judiciales, en interés de la comunidad. 

Transparency International (Transparencia Internacional), una institución de lucha contra la corrupción, sostiene que el Gobierno del Reino Unido debería intervenir para salvaguardar la integridad de la gobernanza de Gibraltar frente a esta legislación. El Gobierno de Gibraltar  emitió un Aviso de Restricción en virtud de estos nuevos poderes para mantener las referencias a los sistemas de seguridad yanitos fuera del ojo público durante la investigación McGrail. 

El primer piso de la Biblioteca Garrison está ocupado principalmente por unos 18 abogados que representan a los diferentes participantes principales en este asunto, incluyendo ahora, por primera vez en este proceso, a las personas cuyo juicio penal fue interrumpido

La investigación, encabezada por el juez retirado del Tribunal Superior del Reino Unido, Sir Peter Openshaw, tiene la tarea de profundizar en las razones y circunstancias que llevaron a la jubilación anticipada del ex comisario Ian McGrail en junio de 2020, después de una carrera de 36 años y a mitad de su mandato como jefe de la Royal Gibraltar Police (RGP).

En audiencias preliminares, los abogados de McGrail han denunciado “mala conducta y corrupción” en los niveles más altos del gobierno, insistiendo en que su representado fue “forzado” después de haber sido sometido a una enorme presión por una investigación criminal, según recuerda Gibraltar Chronicle.

Esas acusaciones fueron “negadas y rechazadas rotundamente” por los abogados de los partidos gubernamentales, quienes dijeron que McGrail se retiró porque sabía que había perdido la confianza no sólo del ministro principal sino, fundamentalmente, del entonces gobernador interino, que era la única persona con el poder de pedirle que dimitiera.

McGrail, tras recibir un reconocimiento de la Policía Española después de su jubilación.

Durante las próximas semanas, la investigación profundizará en una serie de cuestiones identificadas a partir de acusaciones contenidas en declaraciones de testigos principales y del material documental examinado.

Con respecto a cada una de las cuestiones, Openshaw intentará responder dos preguntas fundamentales. En primer lugar, buscará establecer los hechos relevantes en la medida que considere necesario y adecuado para abordar el asunto bajo investigación. En segundo lugar, investigará en qué medida, si es que lo hizo, cada cuestión constituyó una razón o circunstancia que llevó a McGrail a dejar de ser Comisario de Policía al jubilarse anticipadamente, ya sea por una pérdida de confianza o por alguna otra razón.

Cuestiones

La investigación examinará la actuación de la Royal Gibraltar Police el 8 de febrero de 2017, cuando sus agentes detuvieron un avión en el aeropuerto para sacar a un empleado del Ministerio de Defensa que había sido arrestado previamente por la policía de servicio del Reino Unido. Al hacerlo, considerará la decisión policial de arrestar a tres altos funcionarios del Ministerio de Defensa y la incautación y retirada de equipo personal de la Base Naval y la casa de un oficial.

También examinará la investigación de la Policía sobre un asalto a un piloto de helicóptero y a un miembro de su tripulación en Gibraltar en marzo de 2017.

También estarán sobre la mesa una colisión en el mar registrada el 8 de marzo de 2020, fuera de las aguas que Gibraltar reclama como británicas, que involucró a un buque policial y que provocó las muertes de dos ceutíes residentes en La Línea. La investigación considerará si las instrucciones erróneas o los fallidos procedimientos operativos de la Royal Gibraltar Police causaron o contribuyeron al fatídico accidente y, de ser así, si McGrail, como comisionado de Policía, fue responsable de ello. También considerará si la información sobre la ubicación y las reclamaciones legales derivadas del incidente en el mar fueron comunicadas por McGrail y/o la RGP al ministro principal, Fabián Picardo, al fiscal general, Michael Llamas, y al entonces gobernador interino, Nicholas Pyle, de manera oportuna y transparente.

La investigación considerará las conclusiones de un informe de la Inspección de Policía y los Servicios de Bomberos y Rescate de Su Majestad sobre la RGP en abril de 2020 y la respuesta de McGrail al abordarlas las conclusiones de un informe anterior en 2016.

Openshaw examinará la investigación sobre el presunto pirateo y/o sabotaje del Sistema de Inteligencia Centralizado de Seguridad Nacional y la supuesta conspiración para defraudar, así como la actuación al respecto de la RGP, incluida, entre otras, la intención declarada de ejecutar órdenes de registro como parte de dicha investigación el 12 de mayo de 2020. Entre otras, intentará responder el fiscal general y/o el ministro principal ejercieron alguna presión inapropiada sobre McGrail o interfirieron en la investigación o en la decisión de ejecutar las órdenes de registro.

La investigación examinará las quejas, si las hubiera, presentadas por la Federación de Policía de Gibraltar y/o sus miembros a la Autoridad de Policía de Gibraltar sobre McGrail y cualquier acusación de intimidación por parte del ex comisario. También, la participación policial en el incidente de La Alcaidesa en 2010, cuando dos policías de Gibraltar registraron ilegalmente una casa y confiscaron pruebas sin informar primero a las autoridades españolas. Otra cuestión sometida a la investigación es una carta fechada el 29 de mayo de 2020, enviada por los abogados del Sr. McGrail, Charles Gomez & Co, a la Autoridad de Policía de Gibraltar.