Cuando se lee o escucha alguna información sobre la terrible sequía que golpea con fuerza la costa mediterránea española, especialmente Cataluña y Andalucía, de acuerdo con muchos medios de comunicación o declaraciones de responsables políticos parece que es un fenómeno excepcional o bien un ciclo pasajero que superará rápidamente y que, por lo tanto, basta con encontrar soluciones temporales como transportar agua en barcos.

Sin embargo, lo cierto es que la comunidad científica lleva muchos años avisando del cambio climático producido fundamentalmente por la expulsión de gases de efecto invernadero y de sus consecuencias. En este sentido son especialmente de interés los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, un grupo científico creado en el marco de la ONU para que facilite evaluaciones del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, repercusiones y estrategias de respuesta. En varios de los informes se viene alertando de la disminución de lluvia en la cuenca mediterránea (compatible con fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones). ¿Cuál ha sido el efecto de los informes científicos sobre las administraciones públicas encargadas de tomar decisiones y gestionar el problema? Esta pregunta tiene una respuesta fácil: poco o ninguno.

Todos los sistemas productivos e infraestructuras hídricas siguen basándose en un supuesto que simplemente ya no existe. Todo se basa en que habrá siempre agua disponible en abundancia y a bajo coste. Simplemente, esto no es así. El paradigma climático ha cambiado y el agua ya es un bien escaso que hay que cuidar y administrar inteligentemente.

Es muy difícil de entender cómo la Junta de Andalucía considera todavía como proyectos estratégicos en su Unidad Aceleradora de Proyectos la construcción de campos de golf (por cierto, uno en Castellar y otro en Tarifa) que requieren una cantidad desproporcionada de agua en lugares donde no hay, para unos beneficios muy limitados para el territorio (aunque muy altos para los promotores y su entorno).

En mi opinión, es necesario un cambio muy profundo en la relación de nuestras sociedades con el agua, implicando tanto a las administraciones como a la ciudadanía y empresas privadas. Las administraciones deben repensar todo el sistema de gestión de agua que debe estar basado en la eficiencia, depuración y reutilización en combinación con la utilización de plantas desaladoras, eliminando toda actividad de consumo masivo innecesario. Por otra parte, se debe ejercer responsablemente labores de control, inspección y sanción para usos ilegales de agua. Es inadmisible cómo en Andalucía se han perforado pozos sin control y cambiado el uso de secano a regadío sin autorización, pero sin consecuencias.