De vez en cuando (aunque con menos frecuencia de la deseada) los medios de comunicación nos trasladan alguna buena noticia. El acuerdo al que han llegado el presidente de la Junta de Andalucía y la ministra para la Transición Ecológica en relación con Doñana es para mí una buena noticia, aunque sea un acuerdo provisional en la que las dos partes se dan un plazo de un mes para concretar un plan para la zona afectada por los regadíos ilegales que vive del cultivo intensivo de la fresa.

Se dice que Juanma Moreno es un político que para compensar su carencia formativa (puesta de manifiesto de forma muy simpática por una niña de apenas 10 años al inicio del curso escolar) ha desarrollado una gran capacidad de generar consensos. En relación con el plan para aprobar mediante ley autonómica autorización para regadíos ilegales el presidente lo ha confirmado con creces. Ha existido un consenso generalizado en contra de la propuesta del ejecutivo andaluz que ha unido a la comunidad científica, nacional e internacional, la UNESCO, la Unión Europea, el gobierno central, la oposición, el movimiento ecologista, los agricultores con derechos legales de agua, los productores y comercializadores de productos agrícolas con mercado principal en Europa y gran parte de la sociedad que no comprendía como era posible plantear tal disparate.

Posiblemente muy pronto el presidente de la Junta se dio cuenta del terrible berenjenal en el que se había metido en Doñana seguramente arrastrado en la anterior legislatura por sus socios extremistas que le permitieron acceder al gobierno con el peor resultado histórico del PP en la región y que ahora, con mayoría absoluta, debe mantener compromisos y respetar intereses generados que, al parecer, le deben garantizar un número relativo de votos entre los regantes ilegales.

La ministra Ribera le ha brindado a Juanma Moreno una salida del berenjenal. El gobierno central se ha comprometido a desembolsar la respetable cantidad de 350 millones para diversos proyectos sociales en la zona del Condado de Huelva, donde están las fincas que la proposición de ley andaluza pretendía convertir de secano a regadío. Esta cantidad es adicional al plan de choque medioambiental anunciado por el Gobierno hace un año y dotado con otros 356 millones, con lo que el ejecutivo central proporcionará en consecuencia unos 700 millones para Doñana y su zona de influencia. Creo que ha sido acertada la opción del presidente andaluz de aceptar la salida propuesta por la ministra y espero que sean capaces de diseñar conjuntamente un plan que compatibilice la necesidad de preservación de un espacio único muy castigado por los efectos del cambio climático y las extracciones ilegales de agua con los intereses de las poblaciones del territorio y su entorno.