El reciente asesinato de dos miembros de la Guardia Civil en Barbate ha sido un hecho terrible que ha puesto de manifiesto con absoluta claridad la abismal diferencia de medios existentes entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes en la zona del estrecho de Gibraltar. Pero desafortunadamente no se trata sólo de desproporción de medios, se trata de un problema mucho más profundo en cuanto que el narco ha ido erosionando las bases institucionales y sociales de convivencia creando un espacio de impunidad en el que se protegen los traficantes y su entorno. No es un problema nuevo en la zona, pero lo cierto es que la brecha se ha ido agrandando en los últimos años.

Es cierto que el Plan Especial de Seguridad que puso en marcha el ministro Marlaska ha tenido efectos positivos con incrementos de plantilla y mejoras de los medios. No obstante, existen varias sombras en la planificación del ministerio del interior como el desmantelamiento del Organismo de Coordinación del Narcotráfico, OCON-Sur, no explicado suficientemente ya que es difícil entender que se argumentara que era una unidad de carácter provisional. Pero fundamentalmente, como ha puesto de manifiesto el director de este periódico, Javier Chaparro, el pasado domingo, es necesario un plan integral contra la hidra que abarque más que la seguridad.

Parece evidente que la administración de justicia necesita en la zona una fuerte inversión tanto en medios materiales como personales. La situación de los juzgados en el Campo de Gibraltar es tercermundista, con edificios inadecuados y con personal insuficiente. La sensación de impunidad de los narcos es mayor en cuanto muchas de las operaciones policiales se atascan al llegar a los juzgados que, por otra parte, deben aplicar procedimientos más propios del siglo XIX. Además, esta zona necesita una planificación en profundidad en relación con sus sistemas educativos, atención a zonas degradadas –verdadero vivero de traficantes–, sistema sanitario, inversión en comunicaciones e infraestructuras, etc., que ofrezca opciones de futuro en una comarca con tasas de desempleo inaceptables y graves problemas sociales, culturales y medioambientales.

Siempre he considerado que en esta zona transfronteriza el Brexit, por el enorme impacto que tiene la salida de Gibraltar de la UE, era la oportunidad adecuada para que el conjunto de administraciones públicas se coordinara y se trabajase en un plan integral que diseñara unas líneas estratégicas para el futuro del territorio. Sin embargo, la realidad es que nada se ha hecho, salvo el abuso de expresiones retóricas. En varios días toda la conmoción de la muerte de dos guardias civiles se habrá disuelto y la zona de prosperidad compartida volverá a ser territorio de narcos.