Hace tiempo que parece evidente que Cataluña y País Vasco están gobernadas por partidos que anhelan un referéndum de independencia. También es evidente que el mal diseño del poder legislativo español y la clase política actual han hecho que sean estos partidos los que decidan el futuro gobierno de nuestro país, como así decidieron también el anterior. En teoría no debería afectar ya que el gobierno de España debería estar gobernándonos a todos y viendo cuáles son los problemas de la España de hoy, para solucionarlos y definir la España del futuro. Sin embargo, llevamos años –por no decir lustros– encajando las demandas de estas dos comunidades autónomas como si el futuro del país de ello dependiera. Y claro, algún nostálgico diría que España no sería España sin Cataluña y País Vasco. Pero llega un momento en el que creo que hay ciertos temas que deben abordarse.

Me explico. ¿Existe realmente separación de poderes? ¿Se eligen correctamente los jueces del CGPJ en nuestro país? ¿Son nuestros diputados realmente independientes para votar de acuerdo a su mandato popular o viven atados a la voluntad de su partido político? ¿El Senado sirve de algo? ¿Contar con 17 sistemas sanitarios o educativos hacen de su gestión más eficiente o la mejoran? Últimamente pareciera que contar con tantos sistemas educativos o sanitarios tiene el único fin de que los políticos autonómicos culpen a los nacionales de sus males y viceversa. Y viceversa de nuevo cuando el signo de algún gobierno cambia. ¿Qué rol deben tener las lenguas cooficiales? ¿Tiene cabida el fuero vasco y navarro en el siglo XXI? ¿Y la diferencia entre comunidades “históricas” y no históricas? Se me ocurren más, pero todas tienen un mismo problema en común. Con Cataluña y País Vasco empeñadas en la independencia, son inabordables.

Es por ello que, desde esta tribuna, quiero decir sí a un potencial referéndum de cualquier comunidad que así lo solicite si su parlamento autonómico refleja dicho deseo. Un referéndum pactado, sabiendo las condiciones, tanto de deuda como de (re)entrada en la UE. Pactado por al menos dos tercios del parlamento y autorizado por el Tribunal Constitucional. Un referéndum que signifique el fin del conflicto hasta que la generación mas joven en votar sea la más mayor en hacerlo. Sí a un referéndum que nos permita avanzar como país a aquellos que aún queremos ser españoles.