El supuesto cabecilla de la Mocro Maffia, una organización criminal de origen magrebí, con ramificaciones en diversos países, se halla en paradero desconocido desde el 15 de abril. Karim Bouyakhrichan fue arrestado en Marbella hace tres meses por un presunto delito de blanqueo. La Audiencia Provincial de Málaga le dejó en libertad el 22 de febrero. Pagó una fianza de 50.000 euros, entregó su pasaporte y facilitó un teléfono de contacto, las medidas que se le impusieron además de la obligación de personarse cada quince días en el Juzgado. Los magistrados interpretaron que esta decisión era acorde a la pena de 6 años de cárcel que le podría corresponder por la infracción penal a la que se enfrentaba en Málaga. También que las cautelares eran suficientes para garantizar su presencia en España, pese a que la Audiencia admitía en su escrito que existía riesgo de fuga. A su vez, la Justicia de los Países Bajos también reclamaba la extradición de Bouyakhrichan por tráfico de drogas y amenazas a la Casa Real holandesa, entre otros asuntos. El trámite le correspondió a un magistrado de la Audiencia Nacional, al que se le informó de que el investigado quedaba libre y que sólo pidió que le notificara su auto, según la versión del Juzgado marbellí. Así, tras comparecer un mes, el teórico líder de la Mocro Maffia desapareció. No es asumible admitir por toda explicación que se ha cometido un error puntual de comunicación entre varias instancias. Cinco años de investigación policial han terminado en el sumidero. Mal ejemplo en un momento en el que las bandas dedicadas al tráfico de drogas presumen de impunidad al exhibir sus lanchas por las principales zonas del litoral andaluz. A los clanes del narco también se le atribuyen la decena de tiroteos registrados en los dos últimos meses en la Costa del Sol. La Justicia no puede sumar sus grietas a un escenario de alarma generalizada. Este caso exige que depure sus responsabilidades .