El Gobierno de España entiende que el pescador linense Jonathan Sánchez no tiene que rendir cuentas ante la justicia gibraltareña por faenar en un caladero cercano a Punta Europa puesto que faena en aguas bajo soberanía de España, sometidas "solo a las leyes españolas". Así se lo han notificado por escrito el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Secretaría General de Pesca después de que el patrón del Mi Daniela recibiera el pasado viernes 27 de octubre una citación para un juicio en Gibraltar, fijado para este viernes, 1 de diciembre, tras ser denunciado por presunta vulneración de la normativa de pesca de la colonia.

La citación se la entregó en mano a Sánchez, de madrugada y en plena mar, la Royal Gibraltar Police, después de que, el pasado verano, el pescador fuera acosado en varias ocasiones por parte de las autoridades llanitas mientras faenaba en la cara este del Peñón.

En la notificación, Exteriores y Pesca le comunican que la citación para un juicio este viernes es un "requerimiento que no tiene validez", según explica el propio pescador, puesto que la supuesta infracción denunciada no contraviene la normativa española, que es la que confirma que debe aplicarse en ese espacio marítimo.

Aunque Exteriores afirma que no le "corresponde" dar a Jonathan Sánchez "instrucciones" sobre si debe acudir o no al juicio, sí que asegura que no encuentra "motivos" para que un ciudadano español tenga que someterse a un sistema judicial extranjero por una actividad realizada en España. En cualquier caso, continúa, seguirá realizando las "gestiones diplomáticas" correspondientes para intentar solucionar el conflicto.

Busca y captura

Un abogado del pescador ha acudido en las últimas horas a la Corte de Magistrados de Gibraltar para advertir de que no puede acudir al juicio. Allí le han advertido que, si se ausenta, será puesto en busca y captura y, por tanto, podrá ser detenido la próxima vez que acuda a pescar al caladero. 

El procedimiento, según le explicaron al representante legal del pescador, implicaría ser conducido a los calabozos hasta que se celebrase un juicio rápido. Si fuera encontrado culpable, muy probablemente sería multado; de no poder satisfacer la sanción, sería encarcelado. "No es de buen agrado que por hacer tu trabajo te metan en un calabozo y si no puedes pagar la multa, te dejen ahí", explica Sánchez.

"No es de buen agrado que por hacer tu trabajo te metan en un calabozo y si no puedes pagar la multa, te dejen ahí"

Jonathan Sánchez ha dejado de momento de acudir a pescar al caladero polémico y no tiene previsto hacerlo en los próximos días para contribuir a rebajar la tensión y dar tiempo a Exteriores a solucionar el conflicto. Mientras tanto, Sánchez pone su rumbo cada madrugada al caladero de Sotogrande, alejado de las aguas en las que ha vivido jornadas de "hostigamiento" por parte de las autoridades gibraltareñas.

Jonathan Sánchez, en la lonja de La Línea.

Además, el pescador afirma que la Organización Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil-La Línea (OPP 72) solicitará que se establezca un dispositivo policial la próxima vez que decida pescar allí, una solución que entiende que es eventual. "No puedo estar avisando a la Guardia Civil cada vez que vaya a pescar", manifiesta. También le ha recomendado que en el caso de que esté faenando y aparezcan las autoridades de Gibraltar no se oponga a una posible detención. "Lo único que quiero es pescar sin preocupaciones", subraya. 

Reino Unido y España se encuentran inmersos las negociaciones para el acuerdo con la UE sobre Gibraltar. A este respecto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aseguró el martes que el acuerdo político está "prácticamente cerrado", admitiendo que quedan "flecos" como el uso conjunto del aeropuerto, entre otros que ha evitado enumerar por "discreción diplomática", ya que los intercambios entre Londres y Madrid corresponderá ahora a los equipos técnicos.

Hostigamiento

Jonathan Sánchez sufre el acoso de las embarcaciones gibraltareñas desde hace meses cuando va a pescar en la zona de Punta Europa. Le dicen que está en aguas territoriales británicas de Gibraltar que tiene que cumplir su ley. Él les contesta que está en aguas españolas y que la de España es la única ley que va a cumplir cuando esté allí haciendo su trabajo. 

Todo comenzó después de que pescadores recreativos gibraltareños le buscaran las cosquillas por una red perdida. Un barco lo denunció por embestirlo. Es imposible, sostiene, que una embarcación de pesca pueda embestir a una recreativa, más veloz y con más maniobrabilidad. El acoso se intensificó y él lo documentó con vídeos Tik Tok que fueron dando a conocer su problema. Un día llegaron dos policías para identificarlo. Él se negó y amenazaron con detenerlo. Llegaron barcos de Aduanas y de Medio Ambiente y él les entregó la documentación del barco, donde está su DNI y otros datos. 

El 21 de agosto, el hostigamiento alcanzó un nivel inédito hasta ahora. El Mi Daniela fue abordado en aguas junto a la cara este de la Roca y contra el consentimiento de su patrón por dos embarcaciones de las autoridades de la colonia británica, una patrullera de Aduanas y otra de la Royal Gibraltar Police. Ocurrió a algo menos de una milla náutica de la costa de Levante de Gibraltar. Las dos embarcaciones de la colonia rodearon a su pesquero y le obligaron a identificarse enseñando su DNI español. Los agentes le explicaron que constaban tres denuncias contra él y que, en caso de negarse a colaborar, sería detenido y su barco inmovilizado.

El día 22 de agosto volvió a sufrir otro episodio de hostigamiento por la Royal Gibraltar Police cuando acudió a la zona a recoger las redes que había arrojado un día antes al mar. El pescador fue escoltado por una patrullera de la Guardia Civil. Sin embargo, tras terminar el trabajo, cuando volvía, fue de nuevo acosado. El viernes 27 de octubre, de madrugada y en plena mar, se encontraba faenando cuando apareció la Royal Gibraltar Police para entregarle una copia de una citación para que comparezca ante la Corte de Magistrados el próximo 1 de diciembre. El original debía haberle llegado por correo ordinario a su domicilio, pero esto no ha ocurrido.     

Al principio tenía nueve denuncias, luego se redujeron a cinco de tres días diferentes. La de la supuesta embestida, por ejemplo, ha desaparecido. Lo acusan de pescar "animales salvajes" -dos centollas- y de utilizar redes ilegales, así como de "comportamiento agresivo" con un agente. En Gibraltar no existe una ley para regular la pesca comercial porque esta no existe, de modo que le aplican la de la pesca recreativa. "Pesco en aguas que el Gobierno de mi país dice que son españolas, y empleo redes y artes que son legales en España y en la Unión Europea", dijo en la entrevista con Europa Sur.