Desde sus orígenes en el siglo XIX, La Línea ha estado sometida a lo que antiguamente se llamó el “ramo de Guerra” y que en el lenguaje tecnocrático de hace algunas décadas para acá se viene llamando “los altos intereses del Estado”. Pero sean cuales sean los términos que utilicemos, ese sometimiento es la causa directa de que la historia política, económica, social e, incluso, urbanística de La Línea sea de una singularidad excepcional no sólo en nuestra Comarca sino en el conjunto de Andalucía.

Los efectos que ello produjo en los primeros pasos de la naciente población y en su desarrollo durante las primeras décadas del siglo XX los he conocido a través de los libros de historia y de largas conversaciones con mi abuelo, Ángel Iglesias. Pero, aunque era aún un niño, el cierre de la Verja en 1969 y los devastadores efectos que ello produjo sobre el pueblo linense nadie me los ha tenido que relatar. Los tengo firmemente grabados en la memoria.

Al igual que los incansables esfuerzos que numerosos representantes políticos linenses, a los que no voy a citar porque todos los recordamos (y por no dejar en evidencia a otros, que todo hay que decirlo), desplegaron ante las instituciones del Estado. Unos esfuerzos que iban dirigidos a conseguir algo tan sencillo de explicar y de entender, que me resulta increíble que en este siglo XXI, ya razonablemente avanzado, aún siga sin respuesta.

Si casi durante dos siglos cualquier individuo que se asentara en La Línea sabía, porque así se lo anunciaba con cornetas y tambores la autoridad competente (militar, por supuesto) que su vida y su futuro quedaban condicionados a los altos intereses del Estado ¿cómo era posible que ese mismo Estado no reconociera que adquiría una obligación moral y material con esa porción de sus ciudadanos? Pues ha sido ha sido y así sigue siendo. Nunca nadie en Madrid entendió, ni entiende, la singularidad de La Línea. En cualquier país civilizado, sus gobernantes mimarían a una ciudad como La Línea que se convertiría en la joya de la corona. Y, sin embargo, a los linenses se les sigue negando ese reconocimiento. No podemos conformarnos con alguna que otra subvención graciosa de las instituciones provinciales o autonómicas. La Línea, sometida a los altos intereses del Estado desde sus orígenes, ha de ser también una cuestión de Estado. Por ser de justicia que pido.